Sección I.

El qué: Los servicios públicos que queremos

  1. Los servicios públicos universales de calidad son los cimientos de una sociedad justa y equitativa. Constituyen un pacto social que aplica los valores fundamentales de solidaridad, igualdad y dignidad humana. Los servicios públicos son también una forma eficaz de mancomunar recursos para enfrentar los desafíos colectivos y satisfacer las necesidades conjuntas.

  1. Los elementos que constituyen los servicios públicos son una construcción histórica y social. Las distintas sociedades determinan cuáles son estos servicios, deciden cómo organizar y financiar su producción y provisión, y cómo ejercer el control público democrático sobre su funcionamiento. Dado que no se definen solo técnicamente sino también social y políticamente, el alcance de los servicios públicos puede variar y cambiar en diferentes épocas y lugares y en distintas sociedades.
  2. Los servicios públicos abarcan un abanico de servicios que son vitales y necesarios para vivir una vida digna. Entre ellos figuran la educación, la energía, la alimentación, los servicios sanitarios y de cuidados, la vivienda, la seguridad social, las telecomunicaciones, el transporte, el procesamiento de residuos, el agua y el saneamiento. Estos se reconocen como derechos humanos o están profundamente interrelacionados con el disfrute de estos. El acceso equitativo a estos servicios es crucial para reducir las desigualdades y alcanzar la justicia social. Puede verse una gama más amplia de servicios públicos en la clasificación utilizada por la Clasificación de las Funciones del Gobierno de las Naciones Unidas

  1. Los servicios públicos se determinan y desarrollan de forma colectiva y democrática para producir y proveer bienes públicos, comunes y colectivos; realizar los derechos humanos, individuales y colectivos; propiciar una vida digna y sociedades socialmente inclusivas y justas; y proteger los bienes comunales, incluidos el medio ambiente y un planeta sostenible.
  2. Los servicios públicos son un compromiso social colectivo, cuya responsabilidad y obligaciones principales o últimas corresponden a las autoridades estatales u otras autoridades públicas. Pueden organizarse y prestarse de varias maneras, por medio de gobiernos locales, regionales o centrales o una combinación de sus competencias, o de un organismo público, que es un organismo controlado democrática y públicamente, el cual goza del reconocimiento y la confianza de la ciudadanía.

  1. Los servicios públicos constituyen una puesta en común de recursos entre todos los miembros de la sociedad, los cuales contribuyen de forma equitativa en función de sus capacidades y posibilidades de pago, con miras a satisfacer las necesidades de todas las personas y realizar sus derechos. No son una labor benévola o caritativa, sino que obedecen a un sistema público colectivo de redistribución para hacer frente a las múltiples desigualdades y a la exclusión histórica, materializar la solidaridad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

  1. Hay muchos malentendidos en relación con los servicios públicos que han sido impulsados por el relato neoliberal que promueven poderosos intereses privados. En la práctica, los servicios públicos no siempre se han desarrollado y gobernado como auténticos servicios públicos. En lugar de ello, en muchas ocasiones han estado al servicio de los intereses de las personas ricas y poderosas, en lugar de estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, lo cual ha contribuido a la opresión o la exclusión de determinados grupos. Rechazamos estas prácticas, que reflejan la privatización de lo público por el interés de un individuo, corporación o grupo particular.
  2. Los servicios públicos de calidad cumplen los siguientes principios:
    1. Son universales y accesibles para todas las personas. Esto incluye la accesibilidad económica y física. Todas las personas pueden acceder a los servicios para vivir con dignidad y realizar sus derechos, independientemente de su situación social o económica y de su ubicación geográfica. Todos los servicios son accesibles para todas las personas, sin importar sus ingresos, y están localizados lo más cerca posible de los usuarios. Algunos servicios, como por ejemplo la educación y la asistencia sanitaria básica, deberían proporcionarse gratuitamente a todos los usuarios en el momento de ser usados.
    2. Son participativos y transparentes, generan confianza y rinden cuentas democráticamente. Todos los miembros de la comunidad o la sociedad pueden participar en el diseño, la organización, la gobernanza, la financiación, la provisión y el monitoreo de los servicios públicos. Son transparentes y una amplia información sobre ellos está disponible públicamente. Rinden cuentas al público y, en consecuencia, se construyen a partir de la confianza y el respeto en la sociedad, valores que simultáneamente fomentan.
    3. Mejoran y se adaptan, son capaces de responder a las personas a las que sirven y se transforman en función de ellas. Son evolutivos, se ajustan a los cambios técnicos y a las nuevas necesidades de las personas, y pueden expandirse a otras esferas. Se adaptan a las diferentes necesidades y no son discriminatorios. Mejoran su calidad con el paso del tiempo y nunca bajan su nivel, de acuerdo con la obligación de no regresión, lo que significa que nunca debería haber una reducción en el alcance o la calidad de los servicios.
    4. Se construyen sobre una base sólida de financiación pública a largo plazo. Esto refleja su naturaleza de cumplir la función redistributiva del Estado, y garantiza la continuidad de la provisión a largo plazo, que se basa principalmente en la fiscalidad progresiva.
    5. Se fundamentan en la solidaridad. Presentan o incorporan mecanismos de redistribución basados en la solidaridad entre las personas que pueden contribuir al sistema proporcionalmente a sus posibilidades y las que no lo pueden hacer.
    6. Están comprometidos con la igualdad, incluida la de género, y la justicia social. Esto se aplica a todos los niveles de organización, gestión y operaciones. Los servicios públicos universales de calidad reconocen y cuestionan activamente los desequilibrios de poder, la discriminación estructural y sistémica, y los sistemas de opresión. Por ello, promueven la igualdad en su organización, incluida la igualdad de género para su liderazgo, gestión y provisión.
    7. Son conscientes desde el punto de vista medioambiental y ecológico. Trabajan para cuidar tanto de las personas como del planeta, y contribuyen a construir un futuro más sostenible. Todos los aspectos de su gestión, incluidos los mecanismos de gobernanza, su estructura de costos y la organización de sus operaciones, contribuyen de manera decisiva a afrontar la crisis ecológica. Tienen una visión a largo plazo, situando los mejores intereses de las generaciones presentes y futuras en el centro de la toma de decisiones e integrando inquietudes sociales, culturales y ecológicas más amplias en las cuestiones de gobernanza.
    8. Son de proximidad. Los servicios públicos universales de calidad son accesibles a nivel local y se gestionan, prestan y monitorean en el punto de uso más cercano a quienes sirven, con el respaldo de fondos proporcionados por todos los niveles pertinentes de gobierno, en el plano local, regional, nacional o internacional, según corresponda, sobre la base de una distribución justa y eficaz de los recursos. Están disponibles en el momento y en el lugar en que se necesiten, con el fin de realmente materializar en la práctica el acceso universal.
    9. Son justos, seguros y fiables para las personas que utilizan los servicios y para las que los prestan. Las trabajadoras y los trabajadores se sienten física y mentalmente seguros mientras están en su lugar de trabajo o en su trayecto de ida y vuelta del mismo. Los servicios públicos universales de calidad valoran a las personas que trabajan para ellos y a las que los utilizan, en particular proporcionando un empleo, salario y condiciones de trabajo decentes. Disponen del personal y la financiación adecuados para garantizar la provisión de un servicio de calidad a todas las personas.
    10. Están protegidos frente a la economía de mercado, la comercialización y la financiarización. Los servicios públicos universales de calidad son accesibles para todas las personas como un derecho, con el fin de satisfacer las necesidades vitales, y no como productos o servicios comerciales y mercantilizados para el consumo. Las decisiones sobre los servicios públicos no se toman en función de la obtención de beneficios, sino que están totalmente guiadas por la realización de la dignidad humana y la satisfacción de las necesidades colectivas.

Sección II.

El por qué: Los servicios públicos importan

  1. El acceso universal a servicios públicos de calidad, sin ningún tipo de marginación, discriminación o exclusión, es fundamental para la realización de los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades vitales. Los servicios públicos mejoran la calidad de vida de todas las personas, fortalecen nuestras comunidades y nos unen como sociedad. Al asegurar servicios cruciales para todas las personas, permiten una vida digna, garantizan la inclusión socioeconómica y promueven la afirmación de los derechos.
  2. Los servicios públicos son una expresión de la democracia y encarnan un compromiso social colectivo para resolver los desafíos económicos, sociales y ecológicos de nuestro tiempo. Pueden servir como un ejemplo de trabajo significativo, al proporcionar oportunidades para participar en el proyecto colectivo de construir una sociedad más equitativa y justa.
  3. Los servicios públicos universales de calidad desempeñan una función fundamental en la redistribución de la carga de los cuidados no remunerados y del trabajo doméstico que, debido a normas sociales y barreras estructurales, recae de forma desproporcionada en las mujeres. Son una herramienta esencial en los esfuerzos para lograr la verdadera igualdad de género en la práctica y la transición a una sociedad justa desde el punto de vista del género.

  1. Los servicios públicos son cruciales para hacer frente a las desigualdades múltiples, que a menudo se entrecruzan, y a las otras crisis de nuestro tiempo. Al utilizar la financiación progresiva para proporcionar equitativamente a todas las personas algo que de otro modo solo estaría disponible para las que pueden pagar, tienen el poder de corregir una distribución de los ingresos y la riqueza sesgada, y sentar las bases de una sociedad justa en la que la riqueza y el poder se repartan de manera justa.
  2. Los servicios públicos universales de calidad son cruciales para lograr la igualdad inclusiva entre grupos, ya que pueden ayudar a reequilibrar las relaciones de poder asimétricas, injustas y a menudo interconectadas, incluidas las basadas en la raza, el género, la etnia, la casta, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la clase y cualquier otra causal de discriminación. Por ejemplo, convertir las labores del cuidado en una responsabilidad social colectiva puede ayudar a promover la igualdad entre géneros.
  3. Por su capacidad de gestionar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras, los servicios públicos son decisivos para afrontar la actual crisis climática y ecológica, al tiempo que respetan la dignidad de las personas. Si bien los Estados deben aplicar políticas y reglamentaciones sólidas para hacer frente a la crisis ecológica, deben garantizar que al hacerlo no se vea socavado el acceso a los servicios públicos. Los servicios públicos deberían estar en el centro de la transición para crear la resiliencia de las comunidades ante los efectos climáticos y la degradación medioambiental. Al garantizar la protección colectiva del medio ambiente y la gobernanza sostenible, los servicios públicos son, por tanto, un componente esencial para lograr la paz y la justicia intergeneracionales. Los servicios públicos universales de calidad también son fundamentales para construir resiliencia y garantizar sociedades plenamente inclusivas y resilientes, capaces de responder con dignidad a las tensiones que surgirán de los cambios sociales y físicos derivados de la crisis ecológica.

Sección III.

El cómo: Financiar servicios públicos universales de calidad es posible

  1. La movilización interna de recursos públicos es esencial para que los Estados puedan proporcionar financiación para servicios públicos universales de calidad. No obstante, para muchos países, los esfuerzos para movilizar recursos suficientes se ven sistemáticamente menoscabados por problemas sistémicos e internacionales, entre ellos: los acuerdos comerciales injustos, la deuda insostenible e ilegítima, el abuso fiscal por parte de las corporaciones multinacionales, los paraísos fiscales, las condicionalidades de los préstamos y el asesoramiento normativo coercitivo que llevan a medidas de austeridad, y la falta de una toma de decisiones democráticas e inclusivas sobre la gobernanza económica y fiscal mundial.
  2. La fiscalidad justa y progresiva es la fuente más fiable y sostenible de financiación para los servicios públicos, al tiempo que refuerza el contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. La imposición progresiva del capital, las empresas con beneficios, la riqueza, los activos, la propiedad y el trabajo debería ser la fuente primaria de financiación de los servicios públicos de calidad. Es importante reducir las cargas fiscales injustas sobre las mujeres y adoptar una fiscalidad progresiva y redistributiva libre de sesgos de género implícitos y explícitos, incluidas nuevas formas de imposición de la riqueza, los beneficios corporativos y la propiedad o los activos, con miras a garantizar la financiación adecuada de unos servicios públicos transformadores desde el punto de vista del género. Un sistema de recaudación de impuestos eficaz y fiable, dotado de personal y fondos adecuados, es un requisito previo para garantizar una financiación sostenible. La transparencia fiscal es necesaria para reclamar los miles de millones que fluyen a cuentas bancarias extraterritoriales, y estos fondos han de utilizarse para reconstruir los servicios públicos.
  3. La cancelación de la deuda soberana también debería utilizarse como herramienta para ayudar a financiar los servicios públicos, ya que las cargas y obligaciones insostenibles e ilegítimas de la deuda a menudo provocan que se destinen recursos financieros públicos vitales al reembolso de la deuda a expensas de la financiación de los servicios públicos nacionales. Es esencial contar con un nuevo mecanismo de renegociación de la deuda, que sea justo y transparente para respaldar los servicios públicos universales de calidad.
  4. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para financiar los servicios públicos universales de calidad, utilizando todos los medios adecuados como, por ejemplo: la ampliación de la base de ingresos; transferencias intergubernamentales adecuadas para financiar los mandatos de los servicios públicos; la eliminación de los flujos financieros ilícitos, la corrupción y el abuso fiscal por parte de corporaciones multinacionales e individuos ultra ricos; el uso de reservas fiscales y de divisas; la gestión de la deuda; el desarrollo y la adopción de un marco macroeconómico favorable. La priorización de las asignaciones presupuestarias para los servicios públicos y la reasignación del gasto público a estos servicios, de acuerdo con las normas internacionales mínimas, es en muchos contextos una medida fundamental que los gobiernos pueden adoptar inmediatamente.

  1. Los Estados deben garantizar la provisión de servicios públicos universales de calidad que realicen los derechos humanos. Esto se consigue por medio de mecanismos de financiación previsibles, sostenibles y que rinden cuentas públicas. Existe una conexión directa entre la fiabilidad y adecuación de la financiación de los servicios públicos, la calidad y la equidad de estos servicios, y el acceso a los mismos.
  2. Allí donde existan, las uniones supranacionales de Estados deben comprometerse a apoyar el desarrollo de servicios públicos universales de calidad por medio de sus acciones y presupuestos.
  3. Los recursos públicos recaudados y (re)distribuidos de forma equitativa y progresiva son indispensables para financiar los servicios públicos, ya que es la única forma de garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de calidad independientemente de su capacidad de pago.

  1. Los servicios públicos no pueden dejarse en manos del mercado ni someterse a la austeridad. A diferencia de un producto básico, su valor viene determinado por la función que desempeñan en la satisfacción de la dignidad inherente de las personas, más que por su posición en el mercado o la oportunidad de obtener beneficios. En consecuencia, exigen un control público democrático y formas de financiación colectivas, con miras a garantizar que éstas satisfacen las necesidades comunes de todas las personas.
  2. La filantropía y las finanzas privadas tienen cada vez más presencia en la financiación de los servicios públicos. Si bien la financiación filantrópica y privada pueden, en determinados contextos, contribuir a la provisión de recursos para los servicios públicos, solo pueden ser subsidiarias de la función de los ingresos recaudados a través de los impuestos, y deben evitar crear o amplificar dinámicas de poder que beneficien a las personas más ricas y socaven la toma de decisiones, la supervisión y la rendición de cuentas democráticas.
  3. Los gobiernos deben hacer posible que la sociedad civil participe de forma significativa en los debates y la toma de decisiones en materia de presupuestos, a través de mecanismos presupuestarios participativos y transformadores desde el punto de vista del género y, sobre todo, aumentando el acceso a la información.

  1. Es preciso ampliar la cooperación internacional en materia fiscal, basada especialmente en el cumplimiento por los países donantes de sus obligaciones extraterritoriales, a fin de garantizar la igualdad de derechos fiscales entre los Estados y acabar con todas las formas de abuso fiscal por parte de corporaciones multinacionales y personas ultra ricas, lo cual afecta especialmente a los países en desarrollo. Los Estados deben evitar una carrera mundial por reducir el impuesto de sociedades, ya que esto limita la inversión en servicios públicos.
  2. Los Estados donantes deberían aumentar la cantidad y la calidad de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a servicios públicos universales de calidad. Esta debería respetar la apropiación nacional, ser previsible, transparente, estar armonizada con las prioridades nacionales y en línea con los compromisos acordados internacionalmente y las obligaciones jurídicas. Esto debería hacerse apoyando directamente el gasto público de los países a través de apoyo presupuestario, y no a través de proyectos definidos por los donantes o fomentando activamente el uso de recursos públicos para alentar más financiación privada. A largo plazo, los países han de ser capaces de movilizar suficientes recursos internos a fin de garantizar una financiación fiable y resiliente para los sistemas de servicios públicos que puedan satisfacer las necesidades de su población.

  1. Los mecanismos que se promueven cada vez más como soluciones a la limitada financiación de los servicios públicos, como la financiación mixta y las asociaciones público-privadas, son modelos de financiación caros, opacos, de corto plazo y poco fiables, que escapan a la transparencia y a los mecanismos democráticos de rendición de cuentas. Además, éstos suponen cargas para el erario público, corren el riesgo de socavar el control público democrático y no generan la financiación necesaria para los servicios públicos.

  1. Ha de reconocerse el valor del trabajo de servicio público y remunerarse adecuadamente. Los Estados deben garantizar condiciones de trabajo justas y favorables, incluidas unas condiciones de trabajo seguras y saludables, un horario de trabajo razonablemente limitado y vacaciones anuales remuneradas. Las trabajadoras y trabajadores del sector público deben tener acceso a la seguridad social y su remuneración debe ser justa, permitiendo una vida digna para ellos y sus familias. Asimismo, debe garantizarse la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor sin discriminación de ningún tipo, redefiniendo el valor para reconocer las contribuciones sociales, no las retribuciones basadas en el mercado. Las autoridades públicas, no deberían ahorrar en los costos de los servicios públicos utilizando mano de obra barata no cualificada o no remunerada, y tampoco deben contratar a trabajadores que reciban un salario insuficiente.

Sección IV.

El quién: Asegurar el control público democrático

  1. Como titular de obligaciones en virtud del derecho de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de servicios públicos universales de calidad de acuerdo con las normas de derechos humanos y los principios mencionados anteriormente.

  1. Los servicios públicos se desarrollan, organizan, gestionan y prestan públicamente y no son proporcionados por agentes comerciales. Un organismo público puede adoptar una perspectiva a largo plazo, y está sujeto al control público democrático, la rendición de cuentas pública y la participación de la ciudadanía.
  2. Si bien existen numerosas formas de organizar los servicios públicos universales de calidad, siempre se poseen, gobiernan, financian y prestan de forma transparente, participativa y democrática en aras del interés público. Rinden cuentas a la ciudadanía y están sometidos al control público democrático y a una evaluación continua.
  3. Los agentes comerciales, como las empresas privadas con ánimo de lucro y las empresas de capital privado, ven los servicios públicos como productos básicos que se producen y venden, lo que da lugar a una motivación para competir con las instituciones públicas y maximizar los beneficios. Uno de sus principales objetivos o incentivos es la protección de sus propios intereses, y operan de acuerdo con la lógica del mercado, que es incompatible con la naturaleza fundamental de los servicios públicos y su provisión como bien público. Por el contrario, los servicios públicos de calidad no obtienen beneficios y todo superávit, si se produce, se reinvierte en el servicio o en otros servicios públicos relacionados para el bien público, para mejorar la calidad y el acceso de los servicios, pagar a las trabajadoras y trabajadores un salario decente, proporcionar formación y proteger el medio ambiente.

  1. La provisión comunitaria, que es radicalmente diferente en sus objetivos y operaciones de la provisión comercial, a menudo desempeña una función fundamental para garantizar los servicios necesarios en muchas partes del mundo. Los gobiernos y otras autoridades públicas pueden colaborar con las comunidades locales y las organizaciones comunitarias, cumpliendo sus obligaciones de regular y supervisar la provisión comunitaria para conseguir unos servicios públicos universales de calidad, al tiempo que se respetan las contribuciones de las comunidades y se garantiza que estas dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo.

  1. La digitalización y la inteligencia artificial han ido cambiando el funcionamiento de los servicios públicos, tanto para los usuarios como para los trabajadores que los prestan. Si bien las tecnologías digitales pueden desempeñar una función positiva, en las circunstancias apropiadas y con una regulación y supervisión adecuadas, las nuevas tecnologías digitales en los servicios públicos no deberían exacerbar la brecha digital existente, que profundiza la discriminación de los grupos e individuos marginados, ni aumentar los efectos ambientales negativos, en particular como resultado del almacenamiento y la transferencia de datos, sino que deberían contribuir a mejorar el servicio. Las tecnologías digitales deberían estar dirigidas y controladas por la ciudadanía en todo momento y no deberían ser un vehículo ni ofrecer incentivos para privatizar servicios y externalizar elementos esenciales de los servicios públicos.
  2. Las tecnologías y herramientas digitales solo deberían utilizarse cuando mejoren la provisión de los servicios públicos, en consonancia con este Manifiesto, y cuando así sea, deberían utilizarse con un control, regulación y supervisión públicos y democráticos, asegurando la gestión democrática y equitativa del contenido del servicio, y garantizando la seguridad, la privacidad y los derechos sobre los datos. Además, los Estados deben garantizar que la infraestructura utilizada para recopilar, almacenar, procesar y utilizar los datos, así como para la provisión de los servicios, esté bajo control público.
  3. Debería existir transparencia en la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos. Todos los datos públicos deberían almacenarse de forma segura y responsable y protegiendo la privacidad y los derechos humanos de las personas a las que se refieren los datos.